El préstamo fue aprobado el pasado mes de Marzo en el Consejo de Ministros. Se acordó un pago en dos partes: La primera era un préstamo «ordinario» de 19 millones de euros y la segunda parte, los restantes 34 millones de euros que se harían en forma de préstamo «participativo». El Gobierno era consciente de que su actuación iba a ser polémica y recurrida de inmediato en los tribunales por los partidos de la oposición. La secretaria judicial de VOX por su parte, puso en entredicho el primer pago a la aerolínea y advirtió al gobierno que emprenderán acciones legales.
Mientras Ábalos negaba una y otra vez la implicación de su departamento en la concesión del préstamo, el Gobierno ya tenía listo el primer pago anticipado de 19 Millones de euros. El diseño de los pagos no es fruto ni de casualidad, ni de la improvisación. Todos los implicados eran conscientes de que el prestamos participativo de 34 Millones podría ser paralizado por la justicia. Por eso decidieron crear un primer pago que la aerolínea no tendría que devolver en caso de suspensión.
Como era de esperar, la oposición fue muy critica con el gobierno y acudió en los tribunales acusando al gobierno de malversación de fondos públicos y prevaricación. La respuesta de la justicia no se hizo esperar. El 22 de julio, muy temprano, el juzgado de instrucción numero 15 de Madrid, ordenaba la suspensión inmediata del pago de 34 millones a Plus Ultra. Un jarro de agua fría para el gobierno, muy celebrada por la oposición y también por la opinión pública.
