El Ejecutivo del Primer Ministro Inglés Boris Johnson, apuesta por una vacunación «puerta por puerta», para contralor con «rapidez» y «determinación», el avance de la variante ÓMICRON de COVID-19, en el país. Tras aconsejar una tercera dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años que recibieron la pauta completa hace ya 6 meses, las autoridades sanitarias británicas, alertadas por la pérdida de la eficacia del suero, provocada por ÓMICRON, quieren acelerar el ritmo la de vacunación, para que los ciudadanos se inmunicen lo antes posible y sin necesidad de salir de sus casas.
Con esta medida, Reino Unido quiere actuar «rápido», para llegar a las celebraciones de fin año con una gran parte de los ingleses, con las dosis de refuerzo puestas. «No hay tiempo que perder», defienden. También han querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población asegurando que «no hay evidencias de que las vacunas actuales no funcionen contra la variante ÓMICRON».
La peligrosidad de la nueva mutación del COVID-19, está llevando a varios países europeos a tomar medidas adicionales, para evitar «el colapso sanitario». Una de las medidas que cada vez toma terreno, es «vacunación obligatoria», ya plateada en varios Estados miembros de la UE, entre ellos España. El ex-Ministro de Justicia ahora Eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que «no existe ninguna clausura constitucional» que impida imponer la vacuna en España.
«Le voy a ser sincero, la respuesta es corta, sí. Y le voy a dicir porque: Esta situación es una situación de emergencia como no habíamos conocido, extraordinaria como no habíamos conocido. Probablemente si hace dos años, si alguien hubiera podido preguntarse si era posible imponer al conjunto de la ciudadanía una vacunación obligatoria frente a un mal entonces imprevisible, la respuesta teórica en abstracto hubiera sido no. Pero a la vista de la experiencia acumulada, son cada vez más los Estados miembros, que están encontrando acomodo constitucional a la necesidad de activar medidas de vacunación obligatoria», ha defendido Aguilar.
